Servindi.- El Encuentro Macro Regional Oriente de Comunicadores Indígenas del Perú realizado del 21 al 23 de junio en Yarinacocha, Pucallpa, acordó integrarse al movimiento mundial de radios comunitarias, representado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
El evento acordó asimismo sumarse a
la campaña sobre el Centenario de la Conmemoración del Genocidio y Resistencia
Indígena del Putumayo y de la amazonía en su conjunto, a fin de denunciar los
crímenes cometidos contra los pueblos indígenas.
La finalidad es "construir una
memoria histórica digna que considere la opinión de los pueblos indígenas y
pedir a las autoridades que se cambie la denominación de calles, avenidas y
monumentos asociadas a las personas involucradas en crímenes de nefasta
recordación (entre ellos Julio C. Arana, Fitzcarrald y otros)".
Declaración de las y los
Comunicadores Indígenas de la Región Amazónica del Oriente del Perú,
Yarinacocha, 23 de junio de 2007
Los suscritos, participantes del
Encuentro Macro Regional Oriente de Comunicadoras y Comunicadores Indígenas del
Perú, realizado en la ciudad de Pucallpa, distrito de Yarinacocha, del 21 al 23
de junio de 2007, luego de deliberar sobre diversos asuntos locales, nacionales
e internacionales, de interés de los pueblos y comunidades indígenas y de la
sociedad en general, hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas:
Sobre los Derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
Considerando, que en el plano
internacional se vienen realizando diversos esfuerzos para promover el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
Declaramos lo siguiente:
Asumimos el compromiso de difundir
ampliamente, tanto hacia los pueblos y comunidades indígenas, el Estado, así
como en la opinión pública en general:
- El Programa de Acción del Segundo Decenio
Internacional para los Pueblos Indígenas del Mundo,
- La Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas del Mundo aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
- El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pedimos a la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptar en el 2007, de manera definitiva y sin restricciones,
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, aprobada
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde nuestra labor de comunicadores
bregaremos por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como
sujeto de derechos colectivos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente
que reconozca plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del
Perú.
Sobre las comunicadoras y
comunicadores indígenas
Considerando:
Que las comunicadoras y los
comunicadores indígenas somos agentes sociales comunitarios, con un profundo
compromiso y vocación social de trabajo, que cumplimos una función muy
importante para el desarrollo social de nuestros pueblos desde la comunicación,
empleando las lenguas originarias y los medios de comunicación oral, escrito, artístico,
visual o electrónico, contribuyendo, además, a la diversidad cultural y la
inclusión.
Que a pesar de nuestra importante
labor, las comunicadoras y comunicadores indígenas somos víctimas de la
discriminación por no poseer títulos profesionales de periodistas y no estar
agremiados en colegios profesionales,
Que, además, las comunicadoras y
comunicadores indígenas somos objeto de amenazas y abusos por parte de
autoridades corruptas y por grupos de poder que vulneran los derechos de las
comunidades, los cuales defendemos desde nuestra labor comunicativa.
Demandamos:
A las autoridades nacionales,
regionales y locales, reconocer y valorar el importante rol social y cultural
que cumplimos las y los comunicadores indígenas y el respeto irrestricto de
nuestra labor comunicativa.
A los gremios, asociaciones de
periodistas y comunicadores y a los propietarios y asociaciones de medios de
comunicación, respetar nuestra condición de trabajadores de la comunicación
social, quienes seremos acreditados por la Red de Comunicadores Indígenas del
Perú.
Que las autoridades conozcan y
respeten la Declaración de Chapultepec, la cual señala que El carácter
colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o
gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales,
deben ser estrictamente voluntarios (Principio Ocho) y que Ningún medio de
comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular
críticas o denuncias contra el poder público (Principio Diez).
El respeto de la Declaración de Principios
Sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual
señala que Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier
medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el
ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a
la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas
éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados (punto
6).
Sobre el tratamiento de grandes temas
globales y regionales
Considerando:
Que la mayoría de los medios de
comunicación no contribuyen al tratamiento integral, informado y adecuado de
temas de importancia que comprometen incluso las condiciones de vida de las
poblaciones actuales y las generaciones venideras.
Declaramos:
Que las y los comunicadores indígenas
promoveremos la información adecuada sobre grandes temas como el calentamiento
global, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la riqueza
natural, los cultivos transgénicos, el agua, impactos de industrias extractivas
y otros que forman parte de la agenda indígena regional, nacional e
internacional.
Que las y los comunicadores
denunciaremos oportunamente y sin descanso las políticas neoliberales que
atenten en contra de los pueblos indígenas, tales como los TLC, ALCA, Plan
Colombia, IIRSA, entre otros.
Sobre la Ley de Radio y Televisión
Considerando:
Que la Ley de Radio y Televisión
reconoce la modalidad de radios comunitarias pero que en su reglamento no las
desarrolla ni promueve a tal punto que actualmente no existe ninguna radio
comunitaria reconocida legalmente.
Que el Estado no tiene voluntad
política de promover las radios comunitarias, no actualiza el Plan Nacional de
Frecuencias (mapa de frecuencias) en zonas rurales y de fronteras, centraliza y
burocratiza los trámites dificultando la gestión y colocando en la ilegalidad a
miles de radios comunitarias que son consideradas piratas o ilegales a pesar de
su expreso deseo de acceder a la legalidad.
Que el gobierno de Alejandro Toledo
al término de su mandato aprobó una ley que modifica el Código Penal y sanciona
como hurto agravado el uso sin licencia del espectro radioeléctrico, y amenaza
con castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las
radioemisoras, mal consideradas piratas.
Declaramos:
La REDCIP respalda la propuesta de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sede Perú, de convocar y
conformar una gran alianza interinstitucional en favor del desarrollo de las
radios comunitarias y emprender, en coordinación con otras redes y
asociaciones, acciones de incidencia pública y mediática, para hacer cumplir lo
que ordena la ley de Radio y Televisión y modificar el reglamento de la
mencionada ley. Asimismo, declaramos nuestra adhesión para integrarnos como
Redcip al movimiento mundial de radios comunitarias, representado por AMARC.
Exigimos al Estado crear un marco
normativo promocional especial para el fomento de la Radio y la Televisión
Comunitaria, tomando en consideración la legislación de otros países que han
dispuesto normas favorables para las radios comunitarias.
Pedimos se brinden facilidades, se
simplifiquen los requisitos y se descentralicen los procedimientos para el
reconocimiento de las radios comunitarias las cuales deben basarse
fundamentalmente en la licencia social otorgada por las comunidades a las
cuales sirve.
Mientras el Estado no cumpla con
actualizar el Plan Nacional de Frecuencias (mapa de frecuencias) en las áreas
rurales y se generen las condiciones adecuadas para el reconocimiento y
legalización de las radios comunitarias, pedimos se exonere a éstas de las
licencias para operar o, en su defecto, se les expida una licencia provisional.
Pedimos al Congreso de la República
derogar la ley que modifica el Código Penal, en la parte que califica como
hurto agravado el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, que amenaza con
castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las radioemisoras
consideradas piratas. Este tipo de medidas punitivas no ayudan a solucionar el
problema de la informalidad en la radiodifusión y constituye un atropello al
ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.
Sobre el INDEPA
Considerando:
Que el Congreso de la República creó
el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA) como organismo público descentralizado con rango
ministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de
promover políticas inclusivas y transversales a favor de los pueblos y
comunidades indígenas.
Que el actual gobierno ha decretado
de manera arbitraria, inconstitucional y violentando el derecho a la consulta
de los Pueblos Indígenas la fusión por absorción del INDEPA, al incorporarlo al
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES), eliminándolo en la
práctica y desapareciendo sus atribuciones y jerarquía.
Acordamos:
Exigir al gobierno central y al
Congreso de la República que derogue el decreto inconstitucional que elimina el
INDEPA y, por el contrario, potenciar esta institución en consulta y con la
representación de las organizaciones indígenas de base, a fin de que cumpla su
papel promotor y coordinador de políticas públicas interculturales que
beneficien a los pueblos y comunidades del Perú.
Exigir al gobierno que los miembros
integrantes del INDEPA sean legitimados por los mismos indígenas del país.
Asimismo, esta institución debe estar integrada preferentemente por
profesionales y técnicos indígenas.
Sobre diversos conflictos y problemas
regionales
Declaramos:
Que la discusión de nuevas leyes que
afecten a las comunidades (tierras, aguas, comunidades, etc.) deben darse en el
marco de una nueva Constitución Política, que asegure el reconocimiento de los
derechos al territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades
indígenas, amparados por acuerdos y tratados internacionales, y no en el marco
de la actual constitución fujimorista.
Que se continúe con el Plan Integral
de Reparaciones, individuales y colectivas, propuesto por la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CVR) a las poblaciones afectadas por la violencia
política y que aún no han sido atendidas.
Que las autoridades e instituciones
académicas y especializadas promuevan la reflexión y el debate sobre el impacto
social, ambiental, económico y cultural de nuevos productos que se vienen
promocionando y alentando, tales como el cultivo de productos denominados
alternativos para la producción de biocombustibles (etanol).
Que exista una adecuada discusión y
consulta sobre temas concernientes al Presupuesto Participativo, así como
también sensibilizar a los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali sobre
el desarrollo de políticas públicas en favor de los pueblos y comunidades
indígenas.
Reactivar la Coordinación Regional de
la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip) en Ucayali, y organizar
actividades de capacitación en las áreas de comunicación escrita, radial y
manejo de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Constituir una asociación de
comunicadores indígenas de la región Ucayali, que incorpore a comunicadoras y
comunicadores indígenas de los 14 pueblos indígenas de la región, y que trabaje
en estrecha relación con la Redcip.
Nuestro firme rechazo por la forma en
que se viene ejecutando la concesión del puerto del río Ucayali en la ciudad de
Pucallpa, por la licitación para la exploración de los lotes 114 y 120 en las
localidades de Iparía y Masisea, sin tomar en cuenta la opinión de las
federaciones y comunidades indígenas de la región.
Nuestro rechazo por la forma y la actitud
discriminatoria de la Comisión Organizadora, encabezado por el señor Jorge
Villafuerte Recharte, de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
(UNIA), que no cumple las demandas y expectativas de formación profesional de
los pueblos indígenas, frustrando así una larga lucha reivindicatoria.
Sumarnos a la campaña sobre el
Centenario de la Conmemoración del Genocidio y Resistencia Indígena del
Putumayo y de la amazonía en su conjunto, a fin de denunciar los crímenes
cometidos contra los pueblos indígenas, construir una memoria histórica digna
que considere la opinión de los pueblos indígenas y pedir a las autoridades que
se cambie la denominación de calles, avenidas y monumentos asociadas a las
personas involucradas en crímenes de nefasta recordación (entre ellos Julio C.
Arana, Fitzcarrald y otros).
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